Españoles, escuchen a Rodríguez Braun (Estos artículos del destacado economista español Carlos Rodríguez Braun han sido publicados en el diario Expansión de Madrid). Igual que Diógenes buscaba infructuosamente un hombre con una pequeña lámpara, a plena luz del día y rodeado de una muchedumbre, así cabe buscar a alguien que hable de verdad sobre las pensiones entre los que dicen que hablan sobre las pensiones. En España, como en tantos otros países, los políticos arruinaron primero el sistema privado de pensiones y después lo ocuparon y desnaturalizaron, porque dejó de ser de ahorro para ser de pura redistribución. Ante su crisis, se optó por reforzar el poder político sobre las pensiones, con lo que se sentaron las bases para el mercadeo consiguiente y obsceno, como el protagonizado últimamente por los socialistas en Andalucía y por los nacionalistas en Cataluña. La última etapa tuvo lugar cuando Aznar aseguró que las pensiones mínimas subirán más que el IPC y que se hará "un esfuerzo importante" porque la recaudación ha sido buena. ¿Debería usted tranquilizarse? Si no es usted pensionista, no. Sigue su pensión en suspensión. Hasta hace poco se hablaba de la Seguridad Social como de "el seguro". No lo es, claro. Los pensionistas no cobran porque hayan ahorrado en el pasado sino por los impuestos y cotizaciones que pagamos los activos. Nuestra pensión futura no dependerá de nuestros ahorros, sino de que los políticos recauden dinero de nuestros hijos y nietos. Esto distingue el sistema actual, llamado de reparto, porque los políticos reparten el dinero ajeno, del sistema de capitalización, que consiste en que cada trabajador ahorra individualmente para su futura pensión. Así sucede en Chile: cada trabajador tiene una libreta, en la que deposita todos los meses una parte de su sueldo. Es su dinero, los políticos no lo tocan. Y en el futuro, cambiará sus ahorros por una pensión. Tampoco intervendrán allí los políticos para nada. La diferencia entre ambos sistemas es lo que no autoriza el sosiego. Veamos. ¿Qué quiere decir que se suben las pensiones porque la economía va bien? Pues que hay más cotizantes a la Seguridad Social, y ésta tiene menos déficit, o incluso superávit. Hay más dinero que los políticos pueden repartir con "solidaridad". ¿Está claro? Pues no. El que haya más afiliados a la S.S. quiere decir dos cosas y no una: significa no sólo más dinero para pagar a los pensionistas hoy, sino más personas que consolidan derechos y deberán cobrar más en el futuro, cuando habrá menos cotizantes. El afiliado no es sólo fuente de ingresos actuales, sino de prestaciones diferidas. Esto preocupa menos a los políticos; la demagogia de Pujol de pretender que sube las pensiones para ajustar el IPC mayor de Cataluña contrastará cuando en el futuro el IPC sea menor en Cataluña, y por supuesto Pujol no reducirá entonces las pensiones. Algo similar sucedió con el gobierno del PP, también a cuenta del IPC. Tal el problema de las pensiones, que persistirá en tanto sigan en manos de las autoridades: mientras que se generan graves consecuencias para mañana, los políticos tienen que ganar las elecciones hoy. Nadie habla de esto. Y los políticos han discutido sobre las pensiones mucho; piénsese en medidas como la Ley de Racionalización de 1985 o la de Planes y Fondos de Pensiones de 1987 o la de Consolidación de 1997, aparte del Pacto de Toledo de 1995. Pero no nos dicen nunca que, al revés de lo que parece, la situación no va bien, porque empeora la relación activos/pasivos del sistema y su solvencia financiera. Un reciente Documento de Trabajo de FEDEA concluye que los problemas continuarán y que nada de lo hecho hasta ahora servirá para resolverlos: "Las soluciones exclusivamente basadas en el recorte de las prestaciones o el aumento de las cotizaciones no se impondrán en el futuro sin severos daños o bien para la cohesión social o bien para la eficiencia del sistema productivo, agravando en todo caso el difícil compromiso entre ambas. Las polémicas veraniegas para la subida de las pensiones ocultan los verdaderos problemas, dilapidan las energías disponibles y siembran entre los ciudadanos la semilla de la incertidumbre sobre la capacidad de analistas, políticos y responsables para diagnosticar los problemas y diseñar y llevar a cabo las soluciones adecuadas". Hablando de no hablar, dijo hace poco Rafael Termes que el Pacto de Toledo es en realidad un pacto de silencio, una "artimaña política para mantener el sistema público y de reparto, cuando, para asegurar el pago de las pensiones en el futuro, no se encuentra otra solución que reducirlas disimuladamente, cambiando las condiciones para tener derecho a la pensión". Y peor que el silencio es cuando las palabras se utilizan para confundir. Por ejemplo: ¿se cree usted que el famoso Fondo de Reserva es en realidad un fondo de reserva, es decir, que está invertido en activos? ¿no será más bien un mero reconocimiento de deuda, sin más? Shhhh… El cuarto Vladimir (19 de junio de 2000) Hay cuatro vladimires famosos en Rusia. San Vladimir trajo la religión cristiana ortodoxa en el siglo X. Vladimir Monomach fue gran príncipe de Kiev en el siglo XII. Vladimir Ulianov, Lenin, destruyó el país con el comunismo en el siglo XX. Y Vladimir Putin quiere aplicar el flat tax. Este mandatario resulta indescifrable; no es casual que el libro hoy más vendido en Rusia sea Retrato psicológico de Vladimir Putin de V.Tálanov. No obstante, entre su oscuro pasado e inquietantes datos presentes, como la vasta represión contra los chechenos y el nada disimulado rigor con que trata a sus adversarios mediáticos, sus inclinaciones económicas parecen plausibles, y quizá pueda abrirse un escenario en el que los rusos no tengan sólo democracia en vez de comunismo sino también justicia, mercados libres y derechos de propiedad seguros en vez del pseudocapitalismo que padecen hoy. Varios compañeros de filas librecambistas recelan abiertamente, pero lo cierto es que son de ideología liberal el ministro de Hacienda, Alexei Kudrin, y el viceministro, Alexei Ulyikayev; también el ocupante del flamante macroministerio de Desarrollo Económico y Comercio, German Gref, declarado partidario de las privatizaciones con transparencia y accountability, y de bajar los impuestos para que aflore la economía negra. También es pro-mercado Andrei Illarionov, asesor económico de Putin. José Piñera, el ex ministro chileno autor de la notable y pionera reforma de las pensiones en su país, y que estuvo hace pocas semanas en Moscú, invitado por Illiarionov, confirmó que la economía rusa es manifiestamente mejorable. Aseveró Clinton que Rusia es un país desarrollado, pero su PIB es menor que el de España. Lo que les pasa a los rusos es que no les dejan ser capitalistas, hay un enjuague mafioso que impide el funcionamiento del mercado. Así lo resumió Alexander Solzhenitsyn: "El potencial creativo del pueblo, reprimido bajo los comunistas y aún hoy, podría poner cualquier cosa en marcha. Millones de rusos están encerrados por una muralla de arbitrariedad administrativa y burocrática. No tienen a quién presentar una reclamación, y ningún tribunal protege sus derechos". Piñera ha recordado que en el último Index of Economic Freedom, entre 123 países, Rusia figura en el puesto 93, entre Zambia y Bangladesh (es muy recomendable el sitio web de la revista que Piñera fundó y dirige: www.economiaysociedad.com). Piñera arguye que quizá haya que matizar la condena habitual a Yeltsin, que asumió el poder con un déficit público cercano al 30 % del PIB. Se comprende que el país haya atravesado una terrible década de los noventa: sólo creció en un año, en 1997, y en promedio el PIB cayó un 5,4 % por año. Ahora la economía va algo mejor, gracias entre otras cosas a la subida del petróleo, no hay colas (señal típica del socialismo), y en mayo se produjo, que se dice pronto, el primer traspaso democrático del poder en los once siglos de historia rusa. La palabra caos describe la fiscalidad rusa: apenas cuatro millones de ciudadanos entregan los impresos de la declaración de la renta y la economía negra no es inferior al 25 % del PIB. Con una inflación rampante y un rublo que perdió sólo en los últimos dos años el 75 % de su valor, está claro que la Hacienda ha recurrido al letal expediente del impuesto inflacionario. Ya existe, como es lógico, un proceso de dolarización que marcha a buen ritmo. Piñera recomienda que se haga explícita la eliminación del rublo, pero que sea reemplazado por el euro; casi cualquier alternativa monetaria solvente (hace poco el ex ministro Domingo Cavallo sugirió una currency board como en Argentina) será mejor que la actual situación. Pues bien, en ese desorden Putin se propone sustituir el impuesto progresivo sobre la renta por un tipo proporcional único del 13 %, el famoso flat tax; aunque a cambio subirá los impuestos indirectos. En la tradición intervencionista los impuestos proporcionales son piedra de escándalo, porque se considera que sólo benefician a los ricos. Este argumento se enfrenta con la dura realidad de que los ricos rara vez pagan las tarifas marginales que se les aplican. En España existe una completísima información de los ciudadanos en manos de Hacienda (¡eso sí que es un Big Brother y lo demás son fruslerías!). Sin embargo, las estadísticas de nuestro IRPF se divulgan con tacañería, y no por casualidad. Las cifras revelan que los ricos en España han desaparecido para el fisco: se han fugado, legal e ilegalmente. El censo oficial de los más pudientes está irrisoriamente despoblado, y prueba que aquí pagan el impuesto sobre la renta los trabajadores y las clases medias asalariadas. ¡Eso sí que es progresismo y solidaridad! En realidad, los tributos progresivos no lo son y su capacidad redistributiva es virtualmente nula. Por otra parte, el impuesto proporcional y moderado anima a la gente a pagar, vuelve más fácil el control y trae aires limpios, porque la simplificación achica el espacio de la casuística y la arbitrariedad, y porque el recorte de subvenciones y desgravaciones drena una copiosa fuente de engaño y corrupción. ¿Cuál será finalmente el veredicto de la historia sobre el cuarto Vladimir? Tres razones para votar a Bush (25 de septiembre de 2000) Bush Jr. está de capa caída, ante el alborozo de los medios que, ebrios de la retórica económica y políticamente correcta lo ven, igual que a todos los republicanos, como un mentecato y un reaccionario, cuando no un asesino. Pero si hay razones para no votar a Bush, también las hay para hacerlo. La primera razón es su respaldo a la privatización parcial de las pensiones: propuso que se concediera a los americanos la opción de asignar una parte de sus pagos a la Seguridad Social a planes privados de pensiones; habló de 2 a 3 puntos porcentuales del 12,4 % que cotizan los empleados. Saltó raudo Al Gore: "Me opongo a privatizar la Seguridad Social y a convertirla en un juego de ruleta bursátil con ganadores y perdedores". Esto es asombroso. ¿Qué perdedores? La rentabilidad histórica de la S.S. norteamericana apenas supera el 2 % anual, mientras que la muy denostada Wall Street rindió entre 1926 y 1996 más del 7 % anual, y eso que en el medio hubo la gran depresión de los años treinta, una guerra mundial y una docena de recesiones. El Welfare State, sencillamente, no es un buen negocio para la clase obrera. La Heritage Foundation ha calculado que en la actualidad para una pareja de estadounidenses en la que ambos trabajan la rentabilidad de su "inversión" en la Seguriddad Social es del 1,2 %; y que para los negros más pobres la rentabilidad es negativa: pagarán más a la S.S. de lo que van a cobrar en prestaciones. O sea que si invertir en bolsa tiene riesgo, el Estado del Bienestar tiene más. Y para una inversión de largo plazo, como es típicamente la destinada a pensiones, el mercado libre bursátil es preferible, y no en exclusiva para una minoría, como proclaman los latiguillos antiliberales sino para todos los trabajadores. El presidente del Cato Institute, Edward H.Crane, cuenta en el último Policy Report del instituto que hace varios años fueron a Austin a ver a Bush él y José Piñera, el ministro chileno que privatizó las pensiones, y le sugirieron tal alternativa al gobernador. Entonces les dijo que le parecía importante pero que no tenía claro si era políticamente viable. Ahora es uno de los ejes de su campaña. ¿Qué ha pasado? Pues entre otras cosas que la mitad de los estadounidenses poseen acciones; esto vuelve a las personas interesadas en la economía real y recelosas de los cantos de sirena de los políticos que hablan de "solidaridad" con el dinero ajeno, o de la "amenaza de la privatización" cuando uno mismo está viendo que funciona bien. En una reciente encuesta se preguntó a los americanos si querían privatizar las pensiones y poder depositar sus cotizaciones en cuentas a su elección: el 69 % dijo que sí; y de los que tenían 54 años o menos el 80 % apoyó la privatización. Como diría Dylan: times they are changing. La segunda razón para votar a Bush es su idea de bajar los impuestos across the board, para todos, y cambiar los tramos actuales de 15-28-31-36-39,6 % por una escala de 10-15-25-33 %. La disminución no es proporcional, porque su esquema premia en especial a los ciudadanos de menores ingresos. Los que ganan de 50 a 75.000 dólares por año tendrán una reducción media del 30 %, los de 75 a 100.000 dólares una caída del 18 %, y los de más de 100.000 dólares por año una aminoración promedio del 10 %. La alternativa hacendística de Gore es peor. Entiéndase bien, no es que Bush sea un perfecto liberal ni nada por el estilo: él también anuncia demagógicos aumentos de gasto social "compasivo" financiados con deuda; lo que sucede es que las ideas demócratas son aún más deficientes porque prevén bastante más gasto público, con una disparatada reforma de la Seguridad Social que lo hará explotar, y menores reducciones impositivas; además, con un estilo característicamente intervencionista, quieren que dichas reducciones pasen por más inspecciones y trámites, que constituyen el pórtico de la injusticia y la arbitrariedad. El plan de Bush es simple y general: se aplicará automáticamente a todos los americanos que ganen dinero. Y la tercera razón es su llamado al voto negro, masivamente demócrata desde los tiempos de Franklin Delano Roosevelt, pero que antes era republicano y quizá ahora empiece a volver a serlo. Con el mismo espíritu de las pensiones y los impuestos Bush propuso a los negros el siguiente lema: que nadie os cierre el camino hacia la mejora social, hacia la clase media, que nadie os petrifique en la pobreza y la marginalidad con burocracias y subsidios. Fue un mensaje excelente, aunque en parte culposo, porque Bush pidió perdón por la conducta de su partido durante los debates sobre la legislación de derechos civiles en los años sesenta. Sin embargo, la verdad es que los genuinos obstáculos para la Civil Rights Act de 1964 no fueron los republicanos sino los demócratas del sur, en particular el senador Al Gore, padre, de Tennessee. No obstante, el que sintió culpa fue Bush, hijo. Curioso ¿no? Pero de culpas hablaremos el lunes próximo. Su pensión en suspensión (18 de junio de 2001) José María Aznar declaró que la última reforma de las pensiones "contribuye significamente a la estabilidad del sistema". Los políticos y demás pactantes respaldan su optimismo, pero no lo hace ningún técnico mínimamente competente. Según el Círculo de Empresarios: "El actual sistema de pensiones de la Seguridad Social mantiene su insolvencia patrimonial a medio y largo plazo". Al contrario de lo que debería haber sido el curso de las reformas, éstas han ido a menos, como subrayan José Antonio Herce y Juan Francisco Jimeno en un reciente documento de FEDEA. La más importante fue la de 1985, que aumentó la base reguladora de 2 a 8 años, desató la ira sindical, provocó la ruptura entre Nicolás Redondo y Felipe González, y desembocó en una huelga general en 1988 que tuvo devastadoras consecuencias para la política económica. El gobierno de Aznar expandió la base en 1997 de 8 a 15 años, y la muy celebrada reforma de este año fue aún más irrisoria. Si se hubiera extendido la base de 15 a 35 años, como se pretendía, habría habido una huelga general, algo que UGT se ocupó de anticipar. Finalmente no se hizo nada, en aras del consenso y una curiosa acepción de la solidaridad intergeneracional, según la cual cada vez menos jóvenes pagarán a cada vez más mayores durante cada vez más tiempo. Como editorializó este periódico, la búsqueda del consenso es un "espejismo" que puede romperse en cualquier momento. En otros países han sido algo menos pusilánimes. Por no hablar de Estados Unidos, donde Bush recibió al presidente Lagos diciendo que los norteamericanos deberían aprender del sistema chileno de pensiones, este año Alemania aprobó, ante la desconcertada oposición de los democristianos, un cambio a un sistema mixto: los trabajadores podrán decidir la retención de una parte de su sueldo para un plan privado de pensiones. Los alemanes han bajado la tasa de sustitución -lo que cobra el pensionista con respecto a su último salario- y calculan la pensión sobre la base de toda la vida laboral, justo lo que se negaron a aceptar nuestros sindicalistas. Italia empieza con tímidas reformas del tipo de las "cuentas nocionales". Y nada menos que Suecia permitirá la opción de transferir el 2,5 % de los salarios, deducible de las contribuciones a la Seguridad Social, a cuentas privadas. Es decir, se van sumando miembros a los países que ya han transformado total o parcialmente sus sistemas de pensiones: Chile, Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, Uruguay, El Salvador, México, Polonia, Hungría y otros (véase en la red: www.pensionreform.org). El reciente estudio del Círculo de Empresarios, Una reforma integral del sistema de pensiones en España (en la red: circulodeempresarios.org), admite que ha mejorado la posición financiera del sistema de reparto, pero añade que esta mejoría es temporal: "La tendencia de largo plazo a déficit creciente se mantiene. Los mayores índices de afiliación logrados en estos años, si bien han aliviado los resultados anuales, se traducirán en mayores déficits en el futuro cuando los nuevos afiliados se jubilen" (véase también: "Penshhhhhhiones", Expansión, 15 noviembre 1999). El trabajo del Círculo actualiza los cálculos que José Piñera presentó en esa misma casa hace cinco años, y que demostraban la viabilidad de la privatización de las pensiones en nuestro país. Ahora, con la expansión de los últimos tiempos, la reforma podría llevarse a cabo con mucho menos coste para la Hacienda pública. Con hipótesis de crecimiento más conservadoras, los resultados del Círculo son más positivos, en especial en lo tocante a la financiación de la transición entre un sistema de reparto y otro de capitalización, que resultaría más beneficioso para todos, garantizaría las pensiones de los actuales pensionistas, y pensiones sustancialmente superiores para los trabajadores que se cambiaran al nuevo sistema. Así, las conclusiones de hace un lustro se mantienen y refuerzan, porque los costes de la transición caen drásticamente. Y si no hay reforma los problemas persistirán. El recurso a los inmigrantes es también un espejismo, porque los nuevos cotizantes generan nuevos derechos para el futuro. En el último Boletín del Instituto Flores de Lemus de la Universidad Carlos III, Herce sostiene que no hay solución demográfica, porque para mantener la relación afiliados/pensionistas y el equilibrio de las cuentas del sistema, el censo de inmigrantes en España en 2050 debería llegar a 14 millones de personas (para una población estimada apenas superior a 34 millones), o bien la tasa de fecundidad debería aumentar progresivamente hasta superar los 3 hijos por mujer en edad fértil, hipótesis poco verosímiles. El Banco de España ya propuso la reforma, y esta misma semana el BBVA y la OCDE sugirieron que el pacto político-corporativo de nuestro país no garantiza la viabilidad del sistema. Jimeno afirmó en estas páginas que no tienen sentido las reacciones histéricas y demagógicas ante un esquema que no da más de sí: "Las previsiones de gasto en pensiones pueden realizarse de muy distintas maneras. En cualquier caso, los resultados son cualitativamente similares: con las normas actuales, el gasto en pensiones aumentaría hasta niveles imposibles de mantener". Según Jimeno, así como no ha habido cambios sustanciales merced a la reforma laboral, el acuerdo sobre pensiones es aún peor, porque atenta contra el equilibrio financiero de la Seguridad Social a largo plazo. No es la perdiz la que están mareando los políticos, sino su pensión de usted Privatizar poco y mal (29 de octubre del 2000) El desastre ferroviario británico ha reanimado a los intervencionistas: ¡la privatización no funciona! Parece que nadie contempla la posibilidad de que las privatizaciones se hagan mal o poco. Además de la desventurada Railtrack, y de puro generoso que soy, daré a los recelosos de la libertad otro ejemplo menos conocido: las pensiones privadas en Argentina. Railtrack, propietaria de las infraestructuras ferroviarias, fue privatizada por John Major a toda prisa en 1996, pero, como se preguntó el Adam Smith Institute: Was Railtrack ever private? (http://www.adamsmith.org/uk). En efecto, por "su propiedad estaba técnicamente en el sector privado, pero no tenía ninguno de los atributos de la propiedad privada"; sus decisiones estratégicas dependían del Gobierno, una trama de organismos reguladores impedían una dirección empresarial genuina, y Railtrack no mandaba sobre sus inversiones, tarifas y servicios; operaba sujeta a tantas trabas como las compañías eléctricas en California, de pésimo y conocido resultado, pero no debido al mercado ni a la privatización. Destacó Peter Martin ("Failure is always an option", Financial Times, 11 de octubre) la peculiaridad de esta empresa: "una creencia subyacente en que existía una garantía implícita frente a la insolvencia de la compañía". Los compradores de las acciones calcularon que Railtrack brindaba un servicio tan fundamental que ningún gobierno iba a permitir que dejara de prestarlo. "El error que cometieron -concluye Martin- fue pensar que esto era una garantía para el futuro no sólo del servicio en cuestión sino también de la corporación específica establecida para suministrarlo". Esa incorrecta garantía permitió al Estado cobrar precios altos al privatizar. Pero "si los gobiernos están realmente transfiriendo riesgos a accionistas privados, entonces no podrán esperar cobrar el mismo precio por los activos privatizados, y deberán adoptar una actitud mucho más estricta a propósito de los posibles rescates de empresas socialmente valiosas. Cada vez que piensan en ayudar -por ejemplo, a las aerolíneas envueltas en la crisis actual- contribuyen a la atmósfera general de riesgo moral". En la misma línea editorializó el Wall Street Journal el miércoles pasado: los claros riesgos de esta empresa, con ingresos pero no costes limitados, y con unos pasivos que cada vez más superaban el valor de mercado de sus activos, quedaron oscurecidos por un eventual bail out estatal. Railtrack es un monopolio y estuvo mal gestionado; aunque los ferrocarriles funcionan ahora mejor que cuando eran totalmente públicos, es incuestionable que la "privatización" ha tenido muchos fallos. El gobierno laborista no apunta ni a renacionalizar ni a reprivatizar sino a entregar los activos de Railtrack a un fondo sin fines de lucro, propiedad de los operadores, las empresas de transporte, los sindicatos y los pasajeros, financiado con deuda y no con acciones. Quizá, en vez de reunir a todos estos grupos presión, lo correcto fuese poner la infraestructura sólo bajo la administración de quienes más pueden perder o ganar si dicha infraestructura es manejada mal o bien: los clientes directos, como sucede con el control del tráfico aéreo en el Reino Unido; asimismo, convendría fracturarla y no crear un gigante como es ahora y como Blair parece querer mantener. En cualquier caso, y sobre todo cuando hay cada vez más países que se plantean la privatización del ferrocarril, hay que tener presente las equivocaciones de esta pseudoprivatización británica, para no repetirlas. La República Argentina, mi lejano país natal, no abandona los titulares de prensa, pero hay un ángulo de su realidad que no es objeto de atención; curiosamente, los progresistas que hablan de condonar la deuda externa no saben que si se hace, muchas "privatizadas" Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones de Argentina podrán quedar en una delicada situación, porque están sobreinvertidas en deuda argentina. En 1994 el descalabro del sistema de reparto propició una mala privatización que no sólo excluyó a una parte de las pensiones sino que colocó a las AFJP demasiado en las manos del Gobierno, que empezó a utilizarlas para financiarse, en un contexto de ausencia de inflación y límites a la recaudación tributaria explícita (la irresponsabilidad de las autoridades también se refleja en otros campos como las fraudulentas emisiones monetarias de deuda en algunas provincias). Como aseguró en numerosas oportunidades José Piñera, el autor de la pionera reforma chilena, el sistema argentino es una distorsión del suyo, basado en la diversificación del riesgo. Esto juega de dos maneras. Por un lado, aleja de momento el fantasma del repudio de la deuda, porque ello no dañaría a los (siempre repugnantes) capitalistas extranjeros sino a los trabajadores argentinos; cabría alegar que esto es otro beneficio de la privatización. Por otro lado, si eventualmente llega el default, el sistema no quebraría pero sufriría una pérdida parcial al reducirse su elevada rentabilidad presente. Los enemigos de la libertad se apresurarían a denunciar el fracaso de la privatización, pero no tendrían razón; esa crisis sólo probaría que las reformas parciales y deficientes difícilmente cosechan éxitos. ¿Estamos realmente ante una privatización? Cabría argumentar que los gestores de la AFJP se equivocaron y se dejaron seducir por el atractivo de la inversión en deuda argentina, dada la alta rentabilidad de sus bonos, que se compran con un abultado descuento debido al temor que suscitan. Sin embargo, en ningún sistema libre y privado se daría el caso de que empresas de este tipo enloquecieran hasta el punto de tener el 40 % de sus fondos en tan riesgosos títulos. ¿Qué pasó? Pues que el argentino no es un sistema libre y privado sino que está sometido al arm-twisting del Gobierno, que adoptó tres estrategias. Primero, impuso estrechos límites a la inversión en lo que no fuese deuda pública y en las inversiones fuera del país; segundo, el ministro Domingo Cavallo, en sus llamados paquetazos, ha presionado a las empresas para que compren deuda -por ejemplo, en el caso de las AFJP de control español, ha viajado a nuestro país a sus casas matrices a hacerlo; tercero, con la supuesta excusa de reanimar el consumo, Cavallo está amenazando con reducir transitoriamente las aportaciones obligatorias de los empleados al sistema, desde el 11 al 5,5 % de sus salarios, lo que dañará a los trabajadores en sus pensiones futuras y también a las AFJP, dimensionadas para manejar ese 11 %. Hoy lunes viene Cavallo a Madrid, a la conferencia latinoamericana anual de la CESCE. Habrá que preguntarle si de verdad las pensiones en la Argentina son privadas o qué.