Por José Piñera
[Economía y Sociedad, 23 de Noviembre, 1999]


En un acto insólito de irresponsabilidad política, el presidente Frei Ruiz-Tagle ha reactivado, con trámite de urgencia legislativa, un proyecto de cambios a la ley laboral a sólo semanas de la elección presidencial. Los diputados de la Concertación lo aprobaron en la Cámara la semana pasada. Si el Senado lo ratifica el miércoles 1º de diciembre, se le habrá colocado una bomba de tiempo a los pilares del exitoso modelo económico-social.

Como Ministro del Trabajo y Previsión Social, fui responsable de la Reforma Laboral de 1979 que introdujo, entre otras normas importantes, la negociación colectiva por empresa y la libertad del empresario privado de contratar, en todo momento, trabajadores para manejar sus propios bienes de producción.

Me es casi imposible describir las dificultades de todo orden que significó para nuestro equipo introducir normas que iban en contra de décadas de prédica demagógica, que le quitaban enormes cuotas de poder a dirigentes sindicales monopólicos, y que suscitaban la incomprensión de amplios sectores dentro y fuera del gobierno de esa época.

Sin embargo, es un hecho que esa Reforma ha sido fundamental en la creación de millones de empleos productivos, en el aumento basado en la productividad de las remuneraciones, en el fin de las huelgas destructivas en el sector privado, en la modernización de la empresa chilena, en la despolitización de los procesos de negociación colectiva, y, al final del día, en el espectacular proceso de crecimiento económico y reducción de la pobreza que ha experimentado Chile en los últimos veinte años.

Ya en 1990, el gobierno Aylwin intentó retroceder en la Reforma Laboral de 1979, con el apoyo de una confundida cúpula de Renovación Nacional que creía que el modelo se "legitimaba" debilitándolo. Para defender esta modernización emprendí una ofensiva en los medios de comunicación (incluyendo dos programas de TV con Raquel Correa, un singular debate en Megavisión con mi hermano senador de RN, un discurso en ENADE, un desafío no aceptado a debatir con el ministro de la época, y múltiples entrevistas) y adelanté la publicación de mi libro “La revolución laboral en Chile” (Zigzag, 1990).

Junto con Jaime Guzmán y Olga Feliú, los mejores senadores que ha tenido Chile en esta década, logramos finalmente que el Congreso sólo aprobara modificaciones menores, aunque dañinas, a la ley de negociación colectiva.

Al menos era comprensible, que en medio del fragor de la transición, un gobierno inexperto no calibrara bien los efectos destructivos de sus promesas electorales y sobrestimara la importancia de cúpulas sindicales como la CUT.

Sin embargo, en 1995 el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle presentó un nuevo proyecto que insistía en derogar dos de los pilares básicos de la Reforma Laboral de 1979 (ver abajo un extracto de mi artículo "Proyecto Sindical: Atentado contra el Empleo" en EyS Nº 74, Abril de 1995). El proyecto era tan malo, y el país había cambiado lo suficiente, que en 1997 el Senado desechó incluso la idea de legislar.

La Espada de Damocles sindical durmió dos años en una Comisión Mixta del Congreso. Hasta hace unos días.

El origen de este proyecto parece ser el siguiente: a) Sectores socialistas, con la intención de dañar la candidatura presidencial de Joaquín Lavín, presionaron para activar un proyecto laboral demagógico; b) Eduardo Frei, perturbado ante el desastre con que finaliza su gobierno y ante la debilidad de sus ministros de Interior y Hacienda, cede a la presión y coloca al Senado entre la espada y la pared al conminarlo a votar a diez días de la elección presidencial un proyecto de esta naturaleza; c) Abogando por la aprobación de "su proyecto", el candidato Ricardo Lagos en un discurso en el Norte apela a la lucha de clases y al conflicto social, ingredientes seguros para mantener a Chile en el subdesarrollo y la pobreza.

Lamentablemente, la oposición sigue en su largo sueño en el campo de las ideas y permite, por omisión, que este nivel de demagogia sea rentable electoralmente. Ello sucederá mientras no se emprenda el titánico pero noble esfuerzo de educar a la ciudadanía con un ideario coherente y atractivo de libertad integral y protección de los derechos individuales.

Es interesante que algunos senadores DC (Foxley, los hermanos Zaldívar, Boeninger) reconozcan que el proyecto atenta contra el empleo y la paz laboral. El país debería intuir que algo "huele mal" cuando el supuesto proyecto pro-trabajadores es criticado por emblemáticos senadores de la Concertación. Este es un hecho positivo que habla de una conciencia frente al daño al país que no exhiben los senadores socialistas. Pero, sorpresa, en vez de anunciar su voto negativo y terminar con esta comedia del absurdo, estos senadores anuncian que, pese a considerar malo el proyecto, lo votarán favorablemente y claman por un veto posterior de Frei.… a su propio proyecto (una suerte de "aborto terapéutico").

Para aquilatar el daño que puede generar esta ley, imaginemos su impacto en empresas en distintos sectores: a) Una constructora. Con negociación sectorial, huelga indefinida sin reemplazo, y entrega de información confidencial, las peticiones sindicales no tendrán relación alguna con la productividad sino con el nivel de las multas por atraso establecidas en los contratos con la empresa inmobiliaria. b) Una línea aérea. El sindicato de pilotos podrá paralizar la flota entera de aviones, todo el tiempo que quiera. El daño de la huelga sin reemplazo está en directa proporción a la intensidad de capital de la empresa. Eso lo aprenderán muy rápido los políticos que "intermediarán" entre la empresa y los sindicatos. c) Una productora de frutas. Le declararán la huelga justo antes de la cosecha (aunque prohibida en este período, la dinámica será imparable con huelgas sectoriales sin reemplazo). d) Una salmonera. Si se le prohíbe contratar trabajadores durante la huelga, no perderá sólo la cosecha como el frutero, sino todo su activo, los salmones que nadie podrá alimentar.

Algo similar le ocurrirá, por cierto con distinto grado de intensidad y daño, a todos los empresarios --pequeños, medianos y grandes-- del país. Consecuencia final: tras la huelga expropiadora, mecanización a toda máquina, más desempleo, menor inversión y crecimiento, más pobreza, violencia y odio entre empresarios y trabajadores.

Cabe advertir que en este proceso, el gobierno está utilizando múltiples resquicios constitucionales: a) Una urgencia legislativa llamada "discusión inmediata" para un proyecto que ningún Senado serio del mundo denominaría así (a diferencia, por ejemplo, de una catástrofe que requiera de urgentes recursos fiscales); b) Una evidente intervención electoral del presidente Frei usando para ello un proyecto de ley que altera radicalmente una de las bases del orden económico-social; c) Un anuncio previo de un supuesto "veto aditivo" presidencial para alterar la esencia de un proyecto que todavía está en discusión, que fue presentado por el propio presidente y que requiere una cirugía mayor que ningún "veto" puede realizar sin hacer escarnio de la Constitución y las leyes.

Por tercera vez en esta década, debemos todos intentar salvar al gobierno de sus propios demonios... para así salvar al país.

Incluso el empresario Ramón Aboitiz ha señalado textualmente, refiriéndose al proyecto de Frei: "NOS PUEDE LLEVAR A VOLVER A LOS TIEMPOS DE LA UNIDAD POPULAR" (El Mercurio de hoy). Cabe destacar que Aboitiz en 1993 fue presidente del Comando de Independientes por Frei.

Es comprensible que haya gente que, hastiada de tanto populismo, sostenga que, aunque el proyecto es pésimo, habría que dejarlo que se apruebe con los votos de la Concertación para, como decían los marxistas, "agudizar las contradicciones" y así se acerque la explosión de indignación final ante tanta irresponsabilidad y deshonestidad política.

Pero no. No se puede permitir pasivamente este retroceso, pues difícilmente será posible revertirlo y dañará sobremanera al país y especialmente a sus desempleados actuales y futuros.

Por lo tanto, todo senador responsable debe votar en contra de este proyecto de reforma laboral, hijo del oportunismo político y la demagogia social del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Un llamado: deje de lado lo que está haciendo y concéntrese en crear opinión, llamar a senadores, importunar a ministros, alentar a sus dirigentes gremiales, escribir cartas al diario, enviar emails urbi et orbe, etc. Será la decisión más rentable --privada y socialmente-- que habrá adoptado en mucho tiempo.

Como decían los viejos cracks sindicales, me declaro en "estado de alerta permanente". Pues me resisto a la noción de que Chile tiene que caer en un nuevo abismo antes de volver a intentar cumbres más altas. No a la "vergüenza de morir sin haber combatido" (Corneille).

Proyecto sindical: atentando contra Chile

(EyS, Abril 1995)

El 12 de enero de este año, el gobierno del Presidente Frei envió un proyecto de ley al Congreso que dinamita dos de los cuatro pilares del esquema sindical que existe en Chile: la negociación por empresa y la huelga no monopólica.

Si se aprueba este proyecto, los otros dos pilares --la despolitización de las negociaciones colectivas y la libertad sindical-- caerán poco después de los otros, como cae una mesa de cuatro patas cuando se quiebran dos de ellas.

Desde su instauración en 1979, el Plan Laboral --leyes sobre sindicatos y negociación colectiva-- ha demostrado que crea empleos, permite alzas de remuneraciones de acuerdo al incremento de la productividad y promueve la paz social. En los últimos años se ha reconocido su contribución a la modernización del mundo del trabajo y en el exterior muchos países lo quieren imitar. Entonces, ¿por qué el gobierno Frei súbitamente decide desmantelar un esquema que funciona tan bien?

El economista Jorge Desormeaux pone el dedo en la llaga al identificar al "cliente" que el gobierno quiere mantener contento con este proyecto --y no es precisamente al trabajador: "Se ha endiosado a la CUT... Esta es una asociación absolutamente minoritaria de la fuerza laboral".

El Instituto Libertad y Desarrollo, después de un riguroso y detallado análisis del proyecto, afirma que la aprobación de éste sería "uno de los peores retrocesos que puede experimentar nuestra economía". Esta legislación, concluye, es "incompatible con el funcionamiento de una moderna economía de mercado". ILD observa que "los perjudicados directos son los propios trabajadores y muy especialmente los desempleados". Argumentos similares de crítica al proyecto ha expresado el profesor de la Universidad Católica, y experto en economía laboral, Fernando Coloma.

Los principales impulsores de la reforma sindical podrían leer con atención lo que dice un reciente editorial de El Mercurio: "La puesta en marcha del Plan Laboral de los años ochenta ha sido la base de los logros que en la actualidad exhibe el mercado del trabajo".

Como lo señalan los industriales chilenos agrupados en la Sociedad de Fomento Fabril: "Este es un intento desesperado por salvar al movimiento sindical de cúpula, el que no ha sido capaz de renovarse... El proyecto de ley es totalmente contradictorio con los objetivos económicos expresados por el gobierno".

En efecto, esta reforma pretende cambiar el actual sistema de negociación colectiva por empresa y sin huelgas monopólicas por uno que permite huelgas sectoriales sin derecho a reemplazar a los huelguistas. Los empresarios ya no negociarán con sus propios dirigentes sindicales de base sino que probablemente con activistas de la CUT.

El desabastecimiento y las alteraciones al orden público producirán entonces una presión insostenible para que intervengan el diputado del distrito, el senador de la circunscripción, el intendente regional, y al final el ministro del Trabajo e incluso el propio presidente. Se habrá vuelto a la politización del mundo del trabajo que tanto daño le hizo al país. Las remuneraciones ya no dependerán de la productividad en la empresa sino de la fuerza de presión política del gremio huelguista frente al gobierno.

Todo esto significa que un conflicto sobre remuneraciones llevará a la paralización total no sólo de la producción de una o varias empresas, sino que incluso de la distribución de stocks para cumplir compromisos ya contraídos. ¿Quién va a explicarle a los importadores japoneses que no recibirán su pedido hasta que termine la huelga? ¿Quién va a convencer después a los compradores extranjeros que adquieren 14.000 millones de dólares en productos chilenos, cuya confianza hemos ganado como país después de veinte años de dedicado esfuerzo de empresarios y trabajadores, que Chile sigue siendo un proveedor confiable?

Como sostiene Juan Riveros, uno de los empresarios con mayor experiencia en el campo laboral, y presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas: "Este proyecto es una vuelta al pasado". Riveros advierte que una legislación de esta naturaleza --la que podría resultar en decenas de miles de huelguistas en movilizaciones-- "puede crear una situación similar a la vivida en la época de 1968 y 1970, cuando se produjo un gran número de tomas".

El Presidente Frei Ruiz-Tagle debería meditar en lo que le ocurrió en la década del sesenta a su padre, el Presidente Frei Montalva. Sergio Molina, actual ministro de Educación y alto funcionario en ese gobierno lo ha descrito en su libro "El proceso de cambio en Chile: la experiencia 1965-1970" (1972): "La CUT tuvo gran influencia en la dirección del movimiento sindical, especialmente por su gravitación sobre los sindicatos de las grandes empresas. Estos servían como punta de lanza para quebrar la política de remuneraciones impulsada por el gobierno, provocando largos y sucesivos conflictos".

La Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio (AMCHAM), que agrupa a 510 empresas y que constituye lo más cercano a un gremio que represente la inversión extranjera en Chile, sostuvo a través de su presidente Claudio García: "La iniciativa se hace más difícil de comprender cuando en el país se aprecia una tasa de desocupación muy baja, un crecimiento constante de los salarios reales y un ambiente de tranquilidad laboral, excepto, esto último, en el sector público". Agregó que este proyecto puede dificultar las posibilidades de que el Congreso norteamericano apruebe un "fast track" para negociar por la vía rápida el ingreso de Chile al Nafta y lo calificó de "reforma regresiva" que crea un ambiente de inestabilidad que podría "ahuyentar" la inversión extranjera.

Como dijo Vaclav Klaus, el primer ministro de la República Checa, "Las manifestaciones visibles del fracaso de las reformas de Europa Occidental incluyen una tasa de desempleo excesiva y socialmente explosiva, la que parece responder poco a los cambios en la tasa de crecimiento económico y los ciclos económicos. La principal causa no yace en el exceso de oferta de trabajo, ni en una falta de demanda de trabajo, ni en la inmigración, ni en la ausencia de progreso tecnológico, ni en las importaciones excesivas de productos del sudeste asiático, ni en el trabajo barato de Europa del Este. El factor que más se acerca a explicar este problema es la tasa, excesivamente elevada, de los salarios domésticos con relación a la productividad de la fuerza de trabajo. La tasa de salario es alta porque se ha alejado de su fundamento microeconómico al nivel de la empresa, para ser determinada, en su lugar, a un nivel macroeconómico, entre el Estado y los sindicatos" (The Economist, 10.6.94).

Esa es la clave. Porque en gran parte de Europa los mercados laborales simplemente no funcionan como tales, se han generado niveles altísimos de desempleo (en España la tasa de desempleo supera desde hace años el 20% y es de más de 40% a nivel juvenil; ¡bajo un gobierno socialista!).

Aunque la retórica del gobierno intente justificar este proyecto como uno de "progreso social", a la larga no se podrá ocultar que favorece a la cúpula sindical en desmedro de la inmensa mayoría de los trabajadores y especialmente de los que buscan trabajo y no lo encuentran.

Hay quienes dicen que esta propuesta no será aprobada. Por lo tanto, no tendría importancia que haya sido enviada al Congreso. No es así.

Primero, incluso si el proyecto es rechazado, el país se enfrascará en un debate estéril. Segundo, la señal hacia los inversionistas extranjeros está dada con la sola presentación del proyecto. Tercero, se pierde el tiempo y la energía del gobierno y de la clase política en proyectos que desvían el debate de los temas pendientes donde sí se requieren, y con urgencia, soluciones: la crisis de la salud, la mala calidad de la educación, los cuellos de botella de infraestructura y la penetración de la droga.

El proyecto del gobierno habría constituido un grave error en cualquier momento. En estos tiempos de crisis en América Latina es además insólitamente inoportuno.

Hace unas semanas, la televisión chilena mostró dos escenas. A las dos de la mañana, en el Congreso argentino, un ministro (Domingo Cavallo) imploraba a los parlamentarios que le aprobaran una ley que introducía alguna flexibilidad laboral en el sector de la pequeña y mediana empresa (la que tienen todas las empresas chilenas desde hace 16 años). En los mismos días, dos ministros (Jorge Arrate y Genaro Arriagada) promovían, en la Cámara de Diputados chilena, debilitar la misma legislación laboral que ha hecho de Chile un país modelo en esta área y por la cual las actuales autoridades reciben elogios en sus viajes al extranjero. Lo que Chile tiene y pretende destruir, Argentina (y muchos otros países) lucha denodadamente por obtener.

Por último, hay que destacar que si hay problemas, de otra naturaleza, en el área laboral que requieren soluciones. Como lo demuestra la experiencia concreta de un empresario del rubro metalmecánico, que al establecer un sistema individual y total de remuneración variable de hecho ha transformado a cada uno de sus trabajadores en un microempresario, hay innovaciones que encuentran múltiples trabas en la actual legislación (concepto, topes y distribución de horas extraordinarias; limitaciones a los trabajos de tiempo parcial; sistema arcaico de indemnizaciones, etc.).

Después de casi 15 años en que no se han hecho avances liberalizadores en el mercado del trabajo, ha habido cambios --entre otros, la mayor participación de la mujer en la fuerza de trabajo, la tendencia al trabajo parcial y en el hogar, las nuevas tecnologías computacionales que permiten asignar tareas y bonos por objetivos a cada trabajador—que aconsejan flexibilizar aún más las leyes laborales para adaptarlas a estas nuevas realidades.

Pero lo más urgente es integrar a amplios sectores --médicos, enfermeras, profesores-- a mercados laborales competitivos para que cada uno pueda obtener remuneraciones de acuerdo a su productividad, las que en muchos casos serán muy superiores a las actuales. Los problemas graves en el mercado del trabajo están hoy en día en el sector público y no en el privado.

Una política laboral marcada por el signo de la libertad y la justicia no es aquella que nos hace retroceder a los años sesenta, sino la que nos permite avanzar hacia los mercados del trabajo libres y flexibles que caracterizarán a los países exitosos del siglo XXI.