Minería: Tareas Pendientes
Por José Piñera (22 de Julio, 2004)
Tras el triunfo para Chile y el modelo económico que significó la derrota en la Cámara de Diputados del proyecto del gobierno
Lagos que pretendía debilitar la Ley Constitucional Minera de
1981, pilar del boom de este sector, es necesario enfrentar
algunas tareas pendientes en esta area
crucial para la economía del país.
1. EQUIDAD TRIBUTARIA. Imperfecciones en el marco jurídico han hecho posible que algunas de las grandes empresas mineras extranjeras hayan repartido dividendos a sus accionistas sin pagar —por ahora-- impuestos en Chile (hay utilidades “económicas” pero no “ tributables”, lo que posterga el pago de impuestos). Es evidente que ello constituye una inequidad
con respecto al resto de las sociedades anónimas chilenas, las
cuales no pueden repartir dividendos si no hay utilidades tributarias. Aceptado que esto no puede seguir sucediendo, hay varias maneras de lograrlo. Desde ya,
sería conveniente, como primer paso, una declaración formal y pública por parte de las empresas mineras en tal sentido.
Segundo, la ley debería exigir que las empresas mineras se
transformen en sociedades anónimas, ya que han sido estructuras
societarias especiales, creadas con otros propçositos, las que
han permitido tal situación en muchos casos. Si para algunas
empresas extranjeras, ello generará problemas de doble tributación, habría que buscar la forma legal que lo evite.
2. NORMALIDAD EN INVERSION EXTRANJERA. Porque Chile ya no es un país del Tercer Mundo que necesite que se firme un contrato entre cada inversionista extranjero y el
Estado, es conveniente desfasar el Decreto Ley 600 sobre
inversión extranjera. Hace poco el secretario general de la OCDE (el club de los países más avanzados del mundo), Donald Johnston, visitó Chile y sostuvo que el país está entre los mejores aspirantes para ser admitido en este prestigioso Club. ¿Se imagina alguien un DL 600 en EE.UU.? Los inversionistas extranjeros no requieren ni subsidios ni castigos, sino sólo ser tratados exactamente igual que cualquier inversionista nacional (sólo tiene que mantenerse el impuesto adicional a dividendos, porque los extranjeros no pagan impuesto personal a la renta). Se debe respetar, por supuesto, la vigencia de los contratos ya firmados. Pero de aquí en adelante un inversionista extranjero se debería acoger al marco institucional chileno, lo que no sólo es justo --igualdad de todos ante la ley-- sino que contribuye a que esas empresas tengan los incentivos correctos para participar en el destino del país donde operan.
3. PATENTES MINERAS EFICIENTES. La institución de la "patente minera" está contemplada en la Ley Constitucional Minera, pero su valor y destino es objeto de leyes simples. Consiste en un cobro por hectárea otorgada en concesión. Por distintas razones, los valores actuales son muy bajos ($3.000 la hectárea metálica, $1000 la no metálica, $600 la de exploración, y sólo $3 para los pequeños mineros). Así, por ejemplo, establecer una concesión de exploración en una superficie equivalente al Gran Santiago (55.000 ha) costaría la módica suma de $33 millones al año.
Es bien sabido que estas bajas patentes han facilitado diversas conductas abusivas.
Cabe destacar que sólo se pueden descontar de impuestos a la renta las patentes pagadas por las hectáreas efectivamente explotadas
(Escondida paga aprox. $1000 millones en patentes, y descuenta solo $15 millones, siendo el resto recaudación fiscal neta). El total de patentes pagadas hoy es de sólo US$ 36 millones por 17.000.000 de hectáreas concedidas. Sería razonable doblarlas o triplicarlas, con una recaudación adicional potencial de aprox. US$ 36-72 millones. Por otra parte, la ley destina estos recursos a las regiones mineras (70% para Fondo regional y 30% para comunas). Propongo agregarles como destino, si fuera posible, las escuelas básicas y media de comunas mineras, pues es precisamente allí donde se necesitarían ciudadanos bien educados y capacitados, y por lo tanto con flexibilidad sectorial y geográfica, para el caso de que se llegara a extinguir un yacimiento.
Más aún, ojalá pudiere destinarse estos recursos de manera directa (por ejemplo, que llegue un cheque “Escondida”, un cheque “Pelambres”, un cheque
“Collahuasi”, todos los meses, a esas escuelas) o aún mejor que fuera imputable a escuelas administradas por estas empresas.
4. NORMAS PRO-INVERSION SIMETRICAS. Esta propuesta excede a la minería y debe evaluarse en el marco macro de políticas públicas hacia la inversión. La "turbo depreciación acelerada" que existe en Chile, la facultad que tiene cualquier contribuyente de depreciar su inversión en activos fijos en un período igual a un tercio de la vida útil "normal" que determina el SII, es un intento de promover la inversión, pero se hace a través de un mecanismo opaco y asimétrico. Desde ya, hay que aclarar que esta norma es exactamente la misma para todos los sectores, pero es verdad que beneficia en mayor medida a la gran minería por ser muy intensiva en capital. Al igual que el arancel parejo, y tantos otros avances similares, estimo que, en equilibrio, debe haber una sola norma de depreciación, técnicamente determinada, para todas las empresas, chilenas o extranjeras, grandes o chicas, de cualquier sector, y que ello debe ser complementado con la exención del impuesto a la renta a las utilidades reinvertidas (reforma “Buchi” de 1988 que fue abolida por la Concertación después de sólo un año de exitosa operación). Este “combo” es superior al actual, tanto desde una perspectiva de eficiencia como de economía política.
Por supuesto, estos cambios deben hacerse sin sin alterar contratos
vigentes.
5. INCORPORAR ACCIONISTAS CHILENOS. He insistido desde hace 23 años que, dada nuestra historia y la sensibilidad del tema cobre, a las empresas de la gran minería y al país les convenía que ellas se organizaran como Sociedades Anónimas (con la plena transparencia que otorgan las FECUS trimestrales) e incorporaran accionistas minoritarios chilenos (desde ya las AFP, Cías. de seguros, fondos mutuos, e inversionistas individuales). No lo hizo ninguna. Hoy en día los chilenos no pueden invertir en la Bolsa de Valores en empresas que producen cobre chileno (excepto en una mediana,
LA la empresa Pucobre). Las carteras de las AFP están altamente
subinvertidas en minería (en Perú, las AFP tienen US$ 600 millones en acciones mineras).
¿Se imaginan a 6 millones de
trabajadores, accionistas a través de sus AFP, celebrando este año las utilidades de las empresa mineras pues ellas significan mayores precios accionarios y por lo tanto mayores saldos en sus cuentas de capitalización?
Las empresas mineras extranjeras estarán aquí por décadas y ya es hora de que adquieran socios chilenos.
7. CAMPAÑA EDUCACIONAL PRO-MINERIA. Es necesario iniciar una inteligente, masiva, persistente, veraz y positiva campaña comunicacional (a través de TV, radio, prensa, Internet, cabildos abiertos) para educar a los chilenos en los principios y valores del sistema económico e institucional que han hecho posible el despegue de Chile y de la minería. Una campaña educacional debe enfrentar con asertividad las críticas y defender los principios esenciales del sector y del modelo económico que lo sustenta.
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