Un fantasma recorre el mundo. Es el fantasma de la quiebra de los sistemas
públicos de pensiones. El sistema de pensiones de reparto que ha prevalecido a lo largo
de todo este siglo tiene una falla fundamental, originada en una concepción errónea del
comportamiento humano: destruye el vínculo entre contribuciones y beneficios, en otras
palabras, entre responsabilidades y derechos. Cuando esto sucede en una escala masiva y
durante un período largo de tiempo, el resultado final es un desastre.
Dos factores exógenos agravan los resultados de este error estructural. Primero, la
tendencia demográfica mundial hacia una caída en la tasa de natalidad y, segundo, los
avances médicos que alargan la vida de las personas. Por lo tanto, cada vez serán menos
los trabajadores activos en relación al número de personas jubiladas. Puesto que tanto
el alza de la edad de jubilación como aquella de las cotizaciones tienen un límite,
tarde o temprano el sistema tiene que reducir los beneficios prometidos, señal
inequívoca de un sistema en bancarrota.
Bien se reduzcan los beneficios mediante la inflación, como en la mayoría de los países
en vías de desarrollo, bien mediante cambios legislativos, el resultado final para el
trabajador jubilado es el mismo: ansiedad en su edad avanzada, creada, paradójicamente,
por la inseguridad inherente del sistema al que se llama de "seguridad social".
El 4 de Noviembre de 1980 el gobierno chileno decidió "agarrar el toro por las astas". Una reforma radical sustituyó un sistema de pensiones de reparto operado por el Estado por un sistema de capitalización individual administrado por empresas privadas en el marco de una economía de libre mercado (futuro "sistema de AFPs"). Al mismo tiempo privatizó el seguro de invalidez, quedando este como parte integrante del sistema de AFPs, y abrió la posibilidad a todos los trabajadores para elegir un seguro de salud en el sector privado (futuro "sistema de Isapres"). En efecto, los decretos leyes 3.500 y 3.501 de esa fecha constituyeron una transformación del sistema de pensiones, invalidez y salud que fue pionera en el mundo entero.
Después de 23 años de operación los resultados hablan por sí mismos. Las pensiones en el nuevo sistema privado son ya entre 50 y 100 por ciento más altas que en el antiguo sistema estatal. Los recursos administrados por los fondos de pensiones privados ascienden a 50.000 millones de dólares, lo que equivale a alrededor del 65 por ciento del PGB. Más aún, al aumentar tanto el ahorro como la productividad en los mercados laborales y de capital, el nuevo sistema de pensiones ha sido posiblemente la reforma fundamental que permitió más que doblar la tasa anual de crecimiento de la economía (desde un 3 por ciento histórico a 7.2 por ciento promedio en el período 1985-1997).
Las pensiones han dejado de ser un problema gubernamental, despolitizando así a un gran
sector de la economía y permitiendo a los individuos tener mayor control sobre sus vidas.
El defecto estructural ha sido eliminado y el futuro de las pensiones depende del
comportamiento individual y del desarrollo de los mercados.
El éxito del sistema privado de pensiones chileno ha llevado a otros siete países
latinoamericanos a imitarlo. Hace tres años, Argentina, Perú y Colombia adoptaron una
reforma similar. En 1995, Uruguay realizó también una reforma similar, aunque muy
parcial. Y en 1996, México, Bolivia y El Salvador aprobaron leyes que crean sistemas de
pensiones de capitalización individual, que se pondrán en marcha en 1997.
La reforma chilena está sirviendo de modelo a muchos países del mundo. Incluso en los
Estados Unidos se está empezando a debatir seriamente la privatización del sistema
público de pensiones que se implantó allí hace más de 60 años y que ha llegado a
constituir el mayor programa gubernamental, con un gasto superior a los 350 mil millones
de dólares anuales (un gasto superior al presupuesto de defensa durante la Guerra Fría).
Sirva como indicación del poder de las ideas decir que hasta expertos de la República
Popular China han venido a Chile para estudiar el sistema privado de pensiones. Uno de los
resultados es esta disputa particularmente interesante que ha sido reportada por The
Economist:
Usualmente hay más acritud que comedia en la larga lucha entre Inglaterra y China sobre
el futuro de Hong Kong. No obstante, una sonrisa pudo haber aparecido en la cara de Chris
Patten, gobernador de Hong Kong, al frustrar China sus planes de introducir un sistema de
pensiones de reparto en la colonia. Zhou Nan, el representante de la China comunista en
Hong Kong señaló que el Sr. Patten, quien es un conservador británico, estaba tratando
de traer "costosas ideas eurosocialistas" a Hong Kong [11 de Febrero de 1995].
Es posible que antes de entrar en el nuevo milenio, varios otros países, incluyendo todos
los del continente americano, hayan privatizado sus sistemas de pensiones. Esto
representaría una devolución masiva de poder del Estado hacia los individuos,
promoviendo así la libertad, el crecimiento económico, y evitando la pobreza,
especialmente durante la vejez.
El modelo chileno
Bajo el sistema de capitalización individual, lo que determina el nivel de la pensión de
un trabajador es el capital que éste acumula durante su vida de trabajo. Ni el trabajador
ni el empleador contribuyen al Estado. Tampoco cobra el trabajador una pensión
gubernamental al jubilarse. En cambio, a lo largo de su vida como trabajador, ahorra
obligatoriamente un 10 por ciento de su sueldo. El empleador deposita mensualmente esa
cantidad en una cuenta de capitalización individual que pertenece al trabajador. Este
porcentaje se aplica solamente a los primeros 25.000 dólares de ingresos anuales. De tal
manera que, a medida que suben los salarios, los trabajadores tienen mayor libertad para
realizar contribuciones voluntarias.
Un trabajador puede contribuir un 10 por ciento adicional de su salario mensual, que
también está exento de impuestos, a una cuenta de ahorro voluntario, si es que desea
jubilarse prematuramente u obtener una pensión más alta.
El trabajador elige una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) para administrar su
cuenta de capitalización individual. Estas compañías no pueden realizar ningún otro
tipo de actividades y están sujetas a una vigilancia estricta por parte del gobierno para
que garanticen una cartera diversificada de bajo riesgo, y para prevenir el robo o el
fraude. Una entidad gubernamental independiente, la Superintendencia de AFP, que es
altamente técnica, fue creada para ejercer esta labor. Por supuesto, existe ingreso libre
a la industria de las AFP.
Cada AFP opera el equivalente a un fondo mutuo que invierte en acciones, bonos y otros
instrumentos financieros que se transan en mercados formales. Las decisiones de inversión
son realizadas por cada AFP. La ley establece los límites máximos tanto para los tipos
de instrumentos como para la composición total de la cartera. No hay obligación alguna
de invertir en bonos gubernamentales. La AFP y el fondo mutuo que ella administra son dos
entidades distintas. Esto es así para evitar que las inversiones del fondo mutuo, que son
propiedad de los trabajadores afiliados, se vean afectadas, en caso de que una AFP
quiebre.
Los trabajadores tienen la libertad de cambiarse de una AFP a otra. Por esta razón existe
una competencia entre las compañías por lograr mejores retornos, elevar la calidad del
servicio, y cobrar comisiones más bajas. Al afiliarse, cada trabajador recibe una libreta
en la cual puede actualizar sus saldos de capital cuando así lo desee, y además la AFP
está obligada a enviarle cada tres meses un estado de cuenta que le informa cuánto ha
acumulado, las contribuciones acreditadas y el rendimiento de sus fondos. Tanto las
cotizaciones del trabajador como las ganancias de las inversiones de la cuenta de
capitalización individual están libres de impuestos. Al jubilarse el trabajador, paga
impuestos a la renta sobre la cantidad que retira como pensión.
La reforma chilena incluyó a los trabajadores del sector privado y del público. Los
únicos excluídos fueron los miembros de la policía y de las fuerzas armadas, cuyo
régimen de pensiones está diseñado como parte de su salario y sistema de trabajo.
(Aunque en mi opinión les iría mejor con una cuenta de capitalización individual.)
Todos los trabajadores dependientes deben tener una cuenta de capitalización individual.
Los trabajadores independientes pueden, si así lo desean, entrar en el sistema de
capitalización individual, lo que provee un incentivo a los trabajadores informales para
que se unan a la economía formal.
Existe una pensión mínima garantizada por el Estado, y financiada con recursos
tributarios generales, para todo trabajador que haya aportado durante un mínimo de 20
años al sistema de cuenta individual. (Aquellos trabajadores que no han cotizado durante
20 años pueden solicitar, si lo requieren, una pensión asistencial de menor nivel.)
El sistema también incluye un seguro contra la muerte prematura y la invalidez. Cada AFP
ofrece esta cobertura a sus clientes, obteniendo un seguro de vida y de invalidez
colectivo de una compañía de seguros privada. Esta cobertura se paga con una
contribución adicional del trabajador, actualmente de aproximadamente un 2,9 por ciento
de su salario, que incluye la comisión para la AFP.
El nivel de ahorro obligatorio del 10 por ciento fue calculado asumiendo un rendimiento
real durante toda la vida laboral del 4 por ciento anual, de tal manera que el trabajador
común acumule dinero suficiente en su cuenta de AFP como para obtener una pensión de
alrededor del 70 por ciento de su salario final.
La denominada edad legal para la jubilación es 65 años para los hombres y 60 para las
mujeres. Estas edades, que eran las edades de jubilación tradicionales en el sistema de
reparto, no se discutieron en la reforma, dado que no son caraterísticas estructurales
del nuevo sistema. Pero el significado de la palabra "jubilación" en el sistema
de capitalización individual es diferente al tradicional. Primero, los trabajadores
pueden continuar trabajando después de la edad legal de jubilación. Si lo hacen, pueden
retirar mensualmente de su cuenta la pensión correspondiente y no tienen la obligación
de seguir ahorrando el 10 por ciento de su salario. Segundo, los trabajadores con ahorros
suficientes en sus cuentas como para disponer de una pensión equivalente al 50 por ciento
de su salario promedio durante los diez últimos años (siempre y cuando sea superior a la
pensión mínima) pueden elegir jubilarse prematuramente.
El significado real del umbral de los 65 ó 60 años es el siguiente: a) Hasta esa edad el
trabajador debe continuar ahorrando un 10 por ciento de su salario a su cuenta de
capitalización individual, a no ser que haya elegido la jubilación prematura
(significando la posibilidad de retirar su dinero mediante una pensión mensual, sin que
ello implique necesariamente su retiro de la fuerza laboral); b) Para recibir la pensión
mínima garantizada por el Estado, si fuera necesario, el trabajador debe llegar a esa
edad.
Pero de ninguna manera hay una obligación de dejar de trabajar a ninguna edad, ni tampoco
de continuar trabajando o ahorrando una vez que se haya asegurado una pensión
"razonable".
Algunas personas desean trabajar para siempre; otras quieren dedicarse lo antes posible a
su vocación verdadera o a sus pasatiempos. El sistema de reparto no permite la
satisfacción de estas preferencias individuales, excepto a través de la presión
colectiva para obtener, por ejemplo, una edad de jubilación prematura para grupos de
votantes poderosos. En otras palabras, la realidad tiene que ser mutilada, pagándose así
un precio en términos de felicidad humana.
El sistema de capitalización individual, por el contrario, permite que las diferentes
preferencias personales se traduzcan en decisiones individuales que produzcan el resultado
deseado. En las sucursales de muchas AFP hay terminales de computadoras que permiten al
trabajador calcular el valor de su futura pensión y la fecha en que quiere jubilarse. El
trabajador puede señalar el monto de la pensión que espera recibir y pedirle a la
computadora que le indique cuánto debe depositar mensualmente para alcanzar esa meta a la
edad en que desea jubilarse. Por supuesto, él puede ajustar sus decisiones a medida que
pasa el tiempo, dependiendo del rendimiento de su fondo de pensión. Lo fundamental es que
el trabajador puede determinar la edad de jubilación que desea, de la misma manera que
una persona puede hacerse un traje a la medida.
Al jubilarse, el trabajador puede elegir entre dos mecanismos. En un primer caso, un
jubilado puede usar los ahorros en su cuenta de capitalización individual para comprar
una pensión vitalicia (para él y sus dependientes) con una compañía de seguros
privada, la cual le garantiza un ingreso mensual constante de por vida, actualizado por la
inflación (el mercado de capitales chileno ofrece bonos indexados para que las
compañías puedan realizar sus inversiones). La otra alternativa para el jubilado es
dejar sus fondos en la cuenta de capitalización individual y hacer retiros programados,
los cuales están sujetos a límites basados en las expectativas de vida del jubilado y de
sus dependientes. En este caso, si él muere, los fondos restantes en su cuenta forman
parte de su herencia. En ambos casos, un jubilado puede retirar de golpe los fondos en
exceso de aquellos necesarios para obtener una pensión vitalicia o retiros programados
mensuales equivalentes al 70 por ciento de sus últimos salarios.
Con el sistema de capitalización individual, la población activa no subsidia las
pensiones de los jubilados. Por lo tanto, en contraste con el sistema de reparto, no
existe el conflicto intergeneracional y la eventual bancarrota a medida que envejece la
población.
La cuenta de cada trabajador es totalmente portátil. Dado que los fondos deben ser
invertidos en instrumentos comerciables, la cuenta de capitalización individual tiene un
valor diario y por lo tanto es fácil de transferir de una AFP a otra. Al no entorpecer la
movilidad del trabajador tanto dentro de un país como internacionalmente, el sistema de
capitalización individual ayuda a crear flexibilidad en el mercado laboral, y no subsidia
ni penaliza a los inmigrantes.
Las personas optan cada día más por trabajar unas cuantas horas al día o bien
interrumpir sus vidas laborales, especialmente en el caso de las mujeres y de la gente
joven. En los sistemas de reparto estos estilos flexibles de trabajo crean el problema de
llenar los espacios en las cotizaciones. Esto no sucede con el esquema de capitalización
individual en el cual las cotizaciones interrumpidas no representan ningún problema.
La Transición
Un desafío es definir un sistema de capitalización individual; otro, en países donde ya
tienen un sistema de reparto, es diseñar la transición al sistema de capitalización.
Por supuesto, la transición debe tomar en cuenta las características particulares de
cada país, especialmente las necesidades referentes a la situación presupuestaria.
En Chile definimos tres reglas básicas para la transición:
1. El gobierno garantizó a los jubilados que sus pensiones no serían afectadas por la
reforma, ya que sería injusto reducirles sus beneficios a esta altura de sus vidas.
2. Todo trabajador que estuviese cotizando en el sistema de reparto tuvo la opción de
quedarse en ese sistema o de cambiarse al nuevo sistema de capitalización individual.
Aquellos que dejaron el sistema antiguo para entrar al nuevo recibieron un "bono de
reconocimiento". (Este bono cero cupón está indexado y tiene una tasa de interés
real del 4 por ciento.) El gobierno lo paga cuando el trabajador llega a la edad legal de
jubilación. Los bonos se pueden transar en los mercados de capitales secundarios, de tal
manera que se pueden utilizar para obtener una jubilación adelantada. Este bono refleja
los derechos adquiridos anteriormente bajo el sistema de reparto. De esta manera, un
trabajador que hubiera cotizado durante años no tuvo que empezar de cero cuando entró en
el sistema nuevo.
3. Las personas que se van incorporando a la fuerza laboral ingresan al sistema de
capitalización individual. La puerta del sistema de reparto se cerró dado que era
insustentable. Este requisito asegura el fin definitivo del sistema antiguo una vez que el
último trabajador que permaneció en el mismo alcance la edad de jubilación (de ahí en
adelante, y durante un período de tiempo limitado, el gobierno sólo tiene que pagar las
pensiones).
Después de varios meses de debate nacional sobre las reformas propuestas y un enorme
esfuerzo educativo y de comunicación con el fin de explicar el nuevo sistema a la gente,
la ley de reforma de las pensiones fue aprobada el 4 de Noviembre de 1980. (La economía
política de esta reforma esta narrada en mi libro, El Cascabel al Gato, 1991).
La ley estableció una fecha clara de inicio (1 de Mayo de 1981) del nuevo sistema de AFP.
En Chile, al igual que en la mayor parte de los países del mundo, el día 1 de Mayo es el
día del trabajo. Los símbolos son importantes y escogimos esta fecha de nacimiento del
sistema privado de pensiones para permitirle a los trabajadores celebrar ese día no como
uno de lucha de clases, sino como el día en que ganaron la libertad de controlar sus
recursos para el retiro y se liberaron de "las cadenas" del seguro social
estatizado.
Junto con la creación del nuevo sistema, se terminó con la ilusión de que hay tanto una
cotización empresarial como una cotización del trabajador al seguro social. Desde un
punto de vista económico, todas los aportes son finalmente pagados por la productividad
marginal del trabajo, dado que el empresario considera todos los costos laborales--ya sean
las cotizaciones al seguro social o el salario--al tomar las decisiones sobre
contratación y pagos. Para la transición se redefinió la cotización empresarial como
salario bruto y de allí se deduce el aporte del trabajador. El sistema hace evidente y
transparente que todas las cotizaciones las paga el trabajador y evita la manipulación
política de las tasas. Por supuesto, el nivel final de los salarios es determinado por
las fuerzas del mercado.
El financiamiento de la transición es un asunto muy técnico que cada país debe resolver
de acuerdo a su propia realidad. El Banco Mundial (en Envejecimiento Sin Crisis, 1994)
estimo la deuda implícita del sistema chileno de reparto en 1980 en alrededor del 80 por
ciento del PNB. (El valor de esa deuda se había reducido con un ajuste al sistema de
reparto dos años antes, especialmente con la eliminación de los regímenes especiales.)
El mismo estudio afirma que "Chile demuestra cómo un país con un sistema bancario
razonablemente competitivo, un mercado de capitales que funciona bien, y estabilidad
macroeconómica puede financiar déficits de transición grandes sin repercusiones
considerables sobre las tasas de interés."
Chile utilizó cinco métodos simultaneamente para financiar la transición al sistema de
capitalización individual:
1. Como los aportes que se necesitan en el sistema de capitalización individual para
financiar pensiones adecuadas son inferiores a aquéllos en el sistema público, la
diferencia entre ambos se utilizó temporalmente como una tasa de aporte a la transición
sin reducir los salarios netos o incrementar los costos laborales para el empresario.
2. El financiamiento de la transición se compartió con generaciones futuras a través de
emitir bonos del estado a tasas de interés del mercado. Estos bonos a largo plazo fueron
comprados principalmente por las AFP como parte de sus carteras de inversión. Cabe
destacar que ésta no es una "deuda nueva" sino sólo el reconocimiento de una
fracción de la "deuda implícita" del sistema de reparto.
3. La necesidad de financiar la transición fue un incentivo importante para reducir el
excesivo gasto gubernamental. Durante años, el director de presupuestos pudo utilizar
este poderoso argumento para rechazar nuevos gastos o para reducir programas
gubernamentales innecesarios. Por lo tanto, el Estado ha contribuído de manera importante
al incremento del ahorro nacional, otro efecto indirecto de la reforma de las pensiones.
4. El incremento en el crecimiento económico promovido por el sistema de capitalización
individual hizo aumentar a su vez las recaudaciones tributarias. Cabe destacar que Chile
está teniendo un superávit anual de alrededor del 2-3 por ciento del PNB en su
presupuesto fiscal.
5. Cinco años después de haberse iniciado el nuevo sistema, y una vez que los fondos de
pensiones habían acumulado recursos sustanciales, comenzaron a privatizarse las grandes
empresas estatales. Los recursos obtenidos por el Estado no fueron cuantiosos, ya que las
empresas no estaban en buenas condiciones al privatizarse, pero contribuyeron
marginalmente a financiar la transición.
Los Resultados
El sistema chileno privado de pensiones ya administra un fondo de inversiones de 25 mil
millones de dólares. Esta inversión de capital a largo plazo no sólo ha ayudado a
fomentar el crecimiento económico, sino que también ha estimulado el desarrollo de
instituciones y mercados financieros eficientes. La decisión de crear el sistema de
capitalización individual en primer lugar y de privatizar las grandes empresas públicas
después resultó en una "secuencia virtuosa". Le ofreció a los trabajadores la
oportunidad de beneficiarse del aumento en la productividad de las compañías
privatizadas al permitirles, gracias a una subida en los precios en las acciones, capturar
una parte apreciable de la riqueza creada durante el proceso de privatización.
Existen alrededor de 15 AFP. Algunas pertenecen a conglomerados bancarios o de seguros.
Otras son propiedad de los trabajadores o están ligadas a asociaciones empresariales.
Algunas incluyen la participación de compañías financieras internacionales, como lo son
AIG, Aetna, Citicorp, y el Banco Santander. Algunas de las AFP más grandes se cotizan en
la bolsa de valores chilena y, recientemente, una de ellas hizo una emisión de ADR en
Wall Street (ayudada por la clasificación crediticia de los bonos del estado chileno de
"A-").
Uno de los resultados notables del nuevo sistema ha sido el incremento en la productividad
del capital en la economía chilena y, por lo tanto, la tasa de crecimiento económico.
Los fondos de pensión privados han hecho al mercado de capitales más eficiente y han
afectado fuertemente su crecimiento en los últimos años. Los vastos recursos que las AFP
administran han promovido la creación de nuevos instrumentos financieros. Otra de las
contribuciones de la reforma de las pensiones a la operación solvente y transparente de
los mercados de capital ha sido la creación de una industria doméstica de clasificación
de riesgo y la mejora de la dirección corporativa. (Las AFP nombran directores externos
independientes en las compañías en las que tienen acciones.)
Desde que el sistema empezó a operar el 1 de Mayo de 1981, la rentabilidad promedio en
términos reales (por encima de la inflación) ha sido del 12 por ciento anual (tres veces
mayor que el rendimiento del 4 por ciento estimado). Por supuesto, el rendimiento anual ha
mostrado las oscilaciones intrínsecas al libre mercado--yendo de menos 3 por ciento a
más del 30 por ciento en términos reales--pero lo que cuenta es el rendimiento promedio
a largo plazo.
Las pensiones bajo el sistema de capitalización individual han sido significativamente
más altas que bajo el sistema antiguo que administraba el Estado, el cual requería de un
impuesto al salario del 25 por ciento. Según Sergio Baeza, coeditor del libro Quince
Años Después: Una Mirada Al Sistema Privado de Pensiones (1995), el jubilado promedio de
una AFP ya está recibiendo una pensión igual al 78 por ciento de sus ingresos anuales
promedios durante los últimos 10 años de su vida laboral. Adicionalmente, los
trabajadores, al jubilarse, tienen la posibilidad de retirar sus "excesos de
ahorros" (aquellos que estén por encima del umbral del 70 por ciento del salario).
Si se incluyese ese dinero en el cálculo del valor de la pensión, el valor total de
ésta se acercaría al 84 por ciento del salario. Los beneficiarios de las pensiones de
invalidez o de desempleo también reciben en promedio 70 por ciento de sus salarios.
Así el nuevo sistema de pensiones ha contribuído significativamente a reducir la pobreza
al incrementar la certeza y el valor de las pensiones de vejez, de viudez, orfandad, e
invalidez. También ha contribuído mediante el efecto indirecto pero muy poderoso de
incrementar el crecimiento económico y el empleo.
El nuevo sistema ha eliminado la inequidad del sistema antiguo. Algunas personas creen que
los esquemas de pensiones de reparto redistribuyen los ingresos desde los trabajadores
ricos hacia los más pobres. Sin embargo, varios estudios recientes demuestran que, una
vez tomadas en cuenta ciertas características relativas a los ingresos de los
trabajadores y al funcionamiento del sistema político, los sistemas públicos
generalmente redistribuyen el ingreso hacia los grupos de trabajadores más ricos y
poderosos.
Conclusión
No es sorprendente entonces que el sistema de capitalización individual en Chile haya
demostrado ser tan popular y haya ayudado a promover la estabilidad del país. Los
trabajadores aprecian que el sistema es justo y que a través de sus cuentas de pensiones
tienen un interés directo y visible en la economía. Como una fracción sustancial de las
acciones emitidas por las compañías chilenas más grandes pertenecen a los fondos de
pensiones privados, los trabajadores son de hecho inversionistas en la prosperidad del
país.
Cuando el sistema de capitalización individual se inauguró en Chile en 1981, los
trabajadores tuvieron la opción de entrar al nuevo sistema o de permanecer en el antiguo.
Medio millón de trabajadores (una cuarta parte de la fuerza laboral) se afilió al nuevo
sistema en tan sólo el primer mes. Hoy día, el 93 por ciento de los trabajadores están
en el sistema de capitalización individual.
A medida que vaya desapareciendo el sistema de pensiones estatal, los políticos ya no
decidirán acerca de las pensiones. Así, las pensiones ya no serán un tema de conflicto
político y de demagogia en tiempos de elección, como lo fueron en el pasado. Los
ingresos de una persona al jubilarse dependerán de su propio trabajo y del éxito de la
economía, no del gobierno o de las presiones de ciertos grupos de interés.
Para los chilenos las cuentas de pensiones representan ahora derechos de propiedad reales
y visibles, y son las fuentes de seguridad para el retiro. Se ha calculado que el activo
más importante del chileno promedio ya no es su auto usado o su pequeña casa
(probablemente todavía hipotecada), sino el capital en su cuenta de capitalización
individual.
Finalmente, el sistema de pensiones privado está teniendo consecuencias políticas y
culturales importantes. Los trabajadores chilenos eligieron cambiarse al nuevo sistema, a
pesar de que conocidos líderes sindicales y políticos les recomendaron que no lo
hicieran. Pero los trabajadores se preocupan mucho sobre los asuntos relacionados con sus
vidas, tales como las pensiones, la educación, y la salud. Por consiguiente, basan sus
decisiones sobre estos temas pensando en sus familias y no según las tendencias
políticas del momento.
Efectivamente, el nuevo sistema de pensiones le da a los chilenos un lazo personal con el
desarrollo de la economía. El trabajador chileno promedio no es indiferente al
comportamiento de la Bolsa de Valores o a las tasas de interés. Cuando los trabajadores
sienten que son dueños de una fracción del país, no a través de los líderes del
partido ni a través de un Politburó, ellos comprenden y se adhieren en mayor medida al
libre mercado y a los valores de una sociedad libre.
Esta es una historia breve de un sueño que se ha hecho realidad. La lección final es que
las únicas revoluciones con éxito son aquellas que confían en el individuo y en las
maravillas que el individuo puede hacer cuando es libre.
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